Doria Medina fue invitado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) e Idea Internacional para exponer el caso de Bolivia junto a expertos de todo el mundo y evaluar los dos años de la aplicación de la nueva Carta Magna.
Samuel Doria Medina, político y empresario, evaluó los dos años de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia en el Foro denominado "La Dinámica del Cambio Económico y la Construcción Constitucional", organizado por Naciones Unidas e Idea Internacional, en Pretoria Sud África, con la asistencia de representantes de más de 40 países.
En su ponencia, Doria Medina identificó como una característica positiva de la actual CPE que la visión democrática de los bolivianos se extiende a la economía, reconociéndola como plural, por lo que no se puede imponer una forma de propiedad o de producción y que, aunque su texto tiene errores de concepto, representa en parte las aspiraciones de mayor igualdad y mejor futuro de la mayor parte de la población.
Sin embargo, Doria Medina apuntó que la mención de los derechos de los pueblos indígenas en la CPE no es suficiente. "Se necesita una inclusión real a través de la producción y el empleo, previene Doria Medina, al denunciar que el Gobierno utiliza a este sector como parte del discurso, pero que lo mantiene ausente de los cambios en la economía, negándoles esperanzas que tengan posibilidad de realizarse", dijo.
Para Doria Medina, la nueva Constitución no trajo ningún avance en el proceso de industrialización. Bolivia sigue dependiendo de la exportación de materias primas, incluso más que antes del proceso constitucional. Por esta razón no se genera empleo y existe un desencanto con el Gobierno de Evo Morales.
"El denominado Gasolinazo, decretado la última semana del 2010, que intentó incrementar el precio de la gasolina en más del 70%, puso en evidencia el poco cuidado del Gobierno, su poca consideración de los efectos que sufrirían los pobres y el desconocimiento de la economía, expresando además el fracaso de la política de hidrocarburos y afectando la salud fiscal de la economía", destacó Doria Medina.
INVERSIONES: El Gobierno, dijo, está sufriendo las consecuencias de no respetar la propiedad en la CPE y de haber impuesto medidas que van contra la racionalidad económica e incluso contra la sensibilidad política, que generan incertidumbre y por tanto menor inversión y menos empleos de los que necesita la economía boliviana.
Citó como ejemplo el artículo 355 de la CPE señala que los inversionistas tienen la obligación de reinvertir sus utilidades en Bolivia, y el Gobierno recién se da cuenta de los efectos de algunas de estas normas, redactadas sin consideración con los objetivos del país, ni con la necesidad de establecer un pacto productivo que aliente la creación de empleo, la inversión y la creación de mejores condiciones de vida para los bolivianos.
Advirtió que si el Gobierno no enmienda sus errores, el desarrollo boliviano se verá comprometido, se generará mayor decepción en la población y aumentarán los problemas del país.
Uno de los principales temas del Foro fue la reforma constitucional que se realiza actualmente en Egipto. Se elaboró una lista de recomendaciones sobre lo que no se debe hacer.
Samuel Doria Medina, político y empresario, evaluó los dos años de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia en el Foro denominado "La Dinámica del Cambio Económico y la Construcción Constitucional", organizado por Naciones Unidas e Idea Internacional, en Pretoria Sud África, con la asistencia de representantes de más de 40 países.
En su ponencia, Doria Medina identificó como una característica positiva de la actual CPE que la visión democrática de los bolivianos se extiende a la economía, reconociéndola como plural, por lo que no se puede imponer una forma de propiedad o de producción y que, aunque su texto tiene errores de concepto, representa en parte las aspiraciones de mayor igualdad y mejor futuro de la mayor parte de la población.
Sin embargo, Doria Medina apuntó que la mención de los derechos de los pueblos indígenas en la CPE no es suficiente. "Se necesita una inclusión real a través de la producción y el empleo, previene Doria Medina, al denunciar que el Gobierno utiliza a este sector como parte del discurso, pero que lo mantiene ausente de los cambios en la economía, negándoles esperanzas que tengan posibilidad de realizarse", dijo.
Para Doria Medina, la nueva Constitución no trajo ningún avance en el proceso de industrialización. Bolivia sigue dependiendo de la exportación de materias primas, incluso más que antes del proceso constitucional. Por esta razón no se genera empleo y existe un desencanto con el Gobierno de Evo Morales.
"El denominado Gasolinazo, decretado la última semana del 2010, que intentó incrementar el precio de la gasolina en más del 70%, puso en evidencia el poco cuidado del Gobierno, su poca consideración de los efectos que sufrirían los pobres y el desconocimiento de la economía, expresando además el fracaso de la política de hidrocarburos y afectando la salud fiscal de la economía", destacó Doria Medina.
INVERSIONES: El Gobierno, dijo, está sufriendo las consecuencias de no respetar la propiedad en la CPE y de haber impuesto medidas que van contra la racionalidad económica e incluso contra la sensibilidad política, que generan incertidumbre y por tanto menor inversión y menos empleos de los que necesita la economía boliviana.
Citó como ejemplo el artículo 355 de la CPE señala que los inversionistas tienen la obligación de reinvertir sus utilidades en Bolivia, y el Gobierno recién se da cuenta de los efectos de algunas de estas normas, redactadas sin consideración con los objetivos del país, ni con la necesidad de establecer un pacto productivo que aliente la creación de empleo, la inversión y la creación de mejores condiciones de vida para los bolivianos.
Advirtió que si el Gobierno no enmienda sus errores, el desarrollo boliviano se verá comprometido, se generará mayor decepción en la población y aumentarán los problemas del país.
Uno de los principales temas del Foro fue la reforma constitucional que se realiza actualmente en Egipto. Se elaboró una lista de recomendaciones sobre lo que no se debe hacer.
ANF
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