martes, 18 de enero de 2011

AEMP notifica a EMBOL proceso de fiscalización

El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, informó el martes que fue notificada la Embotelladora Boliviana (EMBOL), titular de la franquicia de la bebida gaseosa estadounidense Coca Cola en Bolivia, para un proceso de fiscalización por el incremento, "sin justificación", de los precios de sus productos en el mercado nacional.

"El día de hoy ha sido notificada legalmente la empresa EMBOL, más conocida como la Coca Cola, en el cual el oficial de diligencias ha sentado en el domicilio legal que los actuados de esta autoridad están debidamente acompañados de toda la instrumentación jurídica", dijo el titular en conferencia de prensa.

La Embotelladora aumentó en 50 centavos de boliviano y un boliviano el precio de sus productos.

Cámara informó que desde el lunes los técnicos en materia financiera y legal de la AEMP llevarán adelante el proceso de verificación, fiscalización y auditoría a la EMBOL.

El funcionario, que el domingo reveló que la Embotelladora recibió, de parte del ingenio azucarero UNAGRO más de un millón de quintales del endulzante, indicó que el proceso se iniciará con la revisión de los registros de accionistas, libro de Juntas y poderes de los representantes legales, además de testimonios de aumento y reducción de capital, fianza de los directores y composición de miembros.

Así también la posición final respecto a los estados financieros de los años anteriores, estados financieros, cuentas, reportes contables, ingresos, egresos, planillas salariales, libros de venta y el cumplimiento de todas las obligaciones sociales.

"Toda esta revisión vamos a llevar adelante para la fiscalización. Nosotros queremos informar a la opinión pública que actuaremos como manda la Ley", remarcó a tiempo de desmentir declaraciones sobre un supuesto mal trabajo de la AEMP.

Cámara advirtió que en caso de detectarse irregularidades en el sistema contable de la EMBOL o cualquier otra empresa interpelada, las sanciones oscilan entre una multa pecuniaria, de entre los 4.000 y 500.000 bolivianos, hasta la suspensión del registro comercial.

ABI

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