lunes, 17 de enero de 2011

El caso del video sobre "El Viejo" conflictúa a las autoridades


Ni el Gobierno ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni el Defensor del Pueblo han respondido con acciones contundentes en relación al video en el que se ve que el "testigo clave" del caso Rósza, Ignacio Villa Vargas, "El Viejo", recibe dinero por su huída.

Así, la filtración del documento ha ocasionado un sistemático silencio en las autoridades, ex funcionarios y políticos, que, por separado, eludieron referirse a la publicación, que, de alguna manera, amerita su explicación.

Desde la publicación de la grabación, la noche del jueves, muchos de ellos sólo se aludieron con vehemencia al operativo policial que el 16 de abril de 2009 terminó con la vida de Eduardo Rósza Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, abatidos por su presunta vinculación con acciones terroristas en el país.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, derivó una vez más una eventual explicación de la filtración a las autoridades judiciales, a quienes pidió su intervención en las investigaciones, para esclarecer la procedencia y la finalidad de la grabación. La autoridad calificó de irresponsable una eventual identificación de los sujetos que participan de la operación de entrega de dinero a "El Viejo", en La Quiaca.

Es más, el Ministro pidió, "por responsabilidad", no involucrar nombres, como ciertos políticos lo hicieron al citar al ex ministro de Gobierno Alfredo Rada como uno de los principales implicados en las pesquisas del caso Rósza que terminó con la testificación de Villa Vargas, la detención y posterior huída de éste.

Por ser quien ejercía la autoridad máxima entonces, Rada fue apuntado como parte de la huída. La mañana de este lunes, el ex Ministro negó que haya participado del operativo de la entrega del dinero o conocido éste. Al contrario, señaló con insistencia que el video "es una trampa" que busca desviar la atención del caos, en puertas de iniciarse una segundad etapa, a la que llamó "caso terrorismo 2", de investigación sobre el financiamiento de la banda de Rósza Flores.

En otro escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, rechazó una eventual composición de una comisión legislativa investigadora, como sugirieron políticos de la oposición al Gobierno de Evo Morales. Aclaró, que ahora, a diferencia de antes, los diputados no pueden convertirse en "cabezas de Ministerio Público" en casos como el que se debate en la actualidad. Así, dejó la filtración en manos de la justicia.

La filtración del video ha involucrado en la cobertura periodística al Defensor del Pueblo. Es que quien supuestamente entrega el dinero a "El Viejo" es Carlos Núñez del Prado, hasta el viernes 14 de enero representante de esa oficina del Estado en La Paz.

En una entrevista con la red Erbol el domingo, el titular de esa repartición estatal, Rolando Villena, admitió que el hombre fue funcionario del Defensor del Pueblo y que el viernes, al día siguiente de la aparición de la grabación, presentó su renuncia por "razones personales". Este lunes, en conferencia de prensa, la autoridad informó que Núñez del Prado fue su secretario general entre el 28 de julio de 2010 y el 3 de de enero de 2011, y desde el 4 de enero era "representante departamental de La Paz".

Villena se ha sumado a la necesidad de investigación de la procedencia o intencionalidad del video como las autoridades gubernamentales. "(…) Que las autoridades competentes realicen las investigaciones y aceleren el proceso judicial", dijo en un comunicado de prensa.

Coincidentemente con la difusión del video, el fiscal del caso, Marcelo Soza, se encuentra de vacaciones hasta el 25 de enero. En su lugar se encuentra el fiscal Edward Mollinedo.

El caso Rósza se refiere a las investigaciones judiciales en relación a los intentos de Rósza Flores, un ciudadano húngaro-boliviano, y una presunta banda terrorista de organizar un ejército irregular separatista en el país, con vínculos con representantes regionales de oposición.

Villa Vargas, que testificó sobre los aprestos y luego fue detenido brevemente, fue uno de los primeros implicados. En un punto de La Quiaca, población fronteriza argentina, aquél recibió 31.500 dólares presuntamente de Núñez del Prado, otrora director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.

Erbol

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